El Congreso salvadoreño aprueba ley anticorrupción e incrementa las penas de prisión

SAN SALVADOR — El Congreso salvadoreño aprobó el viernes una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para castigar los delitos que abarca con más años de prisión, en un intento del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir el problema en el país centroamericano.

La ley fue aprobada con los votos de 59 de los 60 diputados del Congreso unicameral, el cual es dominado por Bukele. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se unieron a la iniciativa del mandatario. El único voto que no se alineó a la mayoría fue el de la diputada Claudia Ortiz del partido conservador VAMOS, quien se abstuvo.

La nueva norma obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración de renta anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio, los cuales serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días.

La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por concubinato.

En septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios por actos cometidos en los últimos 30 años.

Con la nueva reforma penal, el delito de peculado será castigado —si el perjuicio fuera superior a 100.000 dólares—con 12 a 15 años de cárcel, mientras que el delito de negociaciones ilícitas conllevará una pena de 12 a 15 años de prisión.

El fiscal general salvadoreño Rodolfo Delgado, que emitió su opinión ante la Comisión Política del Congreso, sostuvo que con esta ley se reforzarían medidas que den prioridad a la transparencia, la probidad de los funcionarios y el endurecimiento de las penas relacionadas con los delitos de corrupción.

Durante el debate legislativo, el jefe de la bancada del partido oficialista, Christian Guevara, destacó que la persecución penal de los delitos no va a prescribir.

Señaló que la Asamblea Legislativa “en anteriores legislaturas fue el epicentro de la corrupción”, y que la nueva ley será un “modelo y ejemplo en toda la región”. Les recordó a los políticos acusados de actos de corrupción que se han asilado en otros países que sus delitos “jamás van a prescribir” y “hasta allá va a llegar el brazo de la ley”.

Además, la reforma incluye nuevos delitos y establece que la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito será independiente y podrá iniciarse sin ningún requisito previo de responsabilidad civil.

En la misma sesión plenaria, el Congreso reformó el Código Penal con el fin de incrementar las penas de prisión en El Salvador para una veintena de delitos, estableciendo hasta 35 años tras las rejas por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo, y hasta 30 años por robo agravado.

En la reforma se incluye el nuevo delito de “dilaciones procesales”, que tendrá penas de entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial “paralicen el curso ordinario del proceso” con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.

Además, se permite la “excusa absolutoria”, es decir, se eximiría la pena —una sola vez para una persona— a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.

Finalmente, el Congreso eligió al abogado Walter Salvador Sosa Funes para que sea el nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República, cargo que estaba acéfalo desde septiembre de 2024 tras la salida de Roxana Soriano, quien fue nombrada magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral.